Este texto es una tribuna publicada en el periodico Cinco Días y puede leerse en pdf aqui

Cada vez son más los internautas que teclean su nombre en Google o se googlean. Así lo refleja un estudio desarrollado en Alemania por el Instituto de Investigación de Mercados Innofact, según el cual 8 de cada 10 internautas confiesan haberse buscado a sí mismos en alguna ocasión en Google y 2 tercios de los que así lo han hecho han encontrado información sobre sí mismos en el buscador. Esta práctica tan extendida ha llevado incluso a crear un grupo en Facebook denominado Yo también he googleado mi nombre.

Pero cabe preguntarse si el acto de googlearse es fruto de la vanidad o de la necesidad. Muchas veces el internauta desea conocer qué se dice acerca él en la red y en qué lugares se dice, por mera curiosidad o por una cuestión de ego. El ego de algunos artistas les lleva incluso a la necesidad de contemplarse detenidamente en cualquier sitio que puedan aparecer. Artista o no, ¿quién de nosotros no se ha tecleado en Google por pura curiosidad?

Independientemente de que googlearse sea una cuestión de ego, necesitamos saber qué tipo de datos sobre nosotros mismos se pueden obtener a través de la red, teniendo en cuenta que, según el estudio desarrollado en Alemania, el 21% de los consultados halló datos en la red con detalles sobre su vida laboral y otro 17% de ellos se topó en la red con información sobre su formación académica.

De aquí se desprende que los datos que se recogen en el buscador pueden ser decisivos en muchos casos, por ejemplo para buscar empleo. A la hora de elegir candidato, muchas empresas realizan una búsqueda del mismo en internet, lo que puede ocasionar alguna sorpresa inesperada. De hecho, hace poco tiempo Google fue condenado a indemnizar a un internauta que descubrió que, al teclear su nombre en el motor de búsqueda, éste devolvía términos como violación, violador y prisión. Anteriormente el demandante había estado condenado por corrupción de menores, aún así el tribunal consideró que el buscador vulneraba su derecho a la privacidad y fue condenado a indemnizarle con 5.000 euros.

Google es la página web más visitada del mundo, por lo tanto, el hecho de googlearse puede ser un mero acto de inercia porque ¿cuántas búsquedas realizamos al día y qué cantidad de información podemos extraer de ellas? No es de extrañar que hagamos uso del buscador para ver qué aparece sobre nosotros mismos. Y es que la información en internet no tiene límites o en este caso los establece, acertadamente o no, Google.

 

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Lo que parecía ser una pesadilla está camino de acabar bien. El Senado aprobó la semana pasada por unanimidad una moción que insta al Gobierno a trabajar para conseguir una mejor calidad del servicio de conexión a internet, tanto fijo como móvil, mejorando además los precios actuales. Tras el escandaloso globo sonda que nos hacía temer que las operadoras acabarían con las tarifas planas de acceso a internet, la Cámara alta ha dado un tirón de orejas a esas compañías de telefonía de nuestro país. Hace un par de semanas, Julio Linares, consejero delegado de Movistar, insinuaba abiertamente que la tarifa plana podía tener los días contados.

Para la operadora, no sería nada nuevo. En el Reino Unido, su filial O2 ya aplica diferentes tarifas según el consumo del cliente, eliminando de una tacada la tarifa plana de datos. Vodafone y ATT hicieron lo propio en sus líneas móviles en Estados Unidos. Los que somos usuarios de smartphones sabíamos lo que esto implicaría: una caída importante de la rapidez de la conexión en el caso de que nos hayamos excedido en el consumo asignado para ese mes, y una facturación más elevada, de difícil control y de imposible gestión por parte del usuario. Tras poner al descubierto sus intenciones, a Telefónica le interesa que todo vaya muy deprisa; que todo se acelere.

Todo… menos la velocidad.

Es preocupante que se esgrima la saturación de las redes, lo que cuestiona el uso de la banda ancha

Se trataría de un cambio muy importante de las reglas del juego, también a debate a nivel internacional. En Estados Unidos, los reguladores han pospuesto su controvertida decisión sobre la neutralidad de la red hasta el mes de noviembre, pasadas las elecciones legislativas, no vaya a ser que a los electores no les guste la idea del intento de controlar y regular internet. El debate suscitado entre las operadoras acerca de la creciente demanda de tráfico en internet y la necesidad de volcar sobre el usuario una tarifa según el consumo tiene su origen en las inversiones realizadas principalmente en las redes fijas. Pero, según se expuso en el Senado, desde el Gobierno debe existir un mayor apoyo para la inversión en infraestructura en telecomunicaciones en beneficio del ciudadano.

Todos conocemos la existencia de redes propias, como puede ser el caso de Ono, que, pese a no tener cobertura en todo el país, ha realizado grandes inversiones para poder tener una estructura sólida y así afrontar la demanda actual dando un servicio de conexión de calidad. De hecho, está apostando por dar capacidad al usuario y extender su oferta de 50 megas reales a toda su red.

En Japón, desde hace casi cinco años es habitual encontrar conexiones a internet de 100 megabytes por poco más de 20 euros de tarifa plana, y los operadores que las ofrecen no están precisamente en quiebra. En nuestro país hay una falta de voluntad por parte del principal operador para sustituir las viejas líneas de par de cobre por las de fibra óptica Futura, tal como la bautizó en el 2008, con velocidades de navegación de hasta 30 megabytes, funcionalidades avanzadas devisión, mantenimiento integral y tarifa plana de voz, pero que todavía se encuentran muy lejos de lo que demanda actualmente la sociedad.

No es infrecuente que Telefónica se queje del uso de la red por parte de los usuarios antes de realizar las inversiones necesarias para dar un servicio acorde con los tiempos que vivimos y, generalmente, en los temas trascendentes, los ejecutivos de César Alierta acaban llevando a telela Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a su terreno. Se escudan en que el tráfico móvil satura las redes y crece exponencialmente, algo muy discutible, por cierto. Desde el Senado se ha calificado de «preocupante» esta afirmación, ya que no debería cuestionarse el servicio de banda ancha por meros objetivos comerciales de las grandes compañías. Con este panorama se nos ha pasado por alto una de las pretensiones colaterales del operador español. Se trata de su vieja reivindicación de que los grandes emisores de contenidos paguen parte de la fiesta.

Desde Telefónica se propone que los proveedores de tráfico y contenidos, como Google o Microsoft, se involucren en el mantenimiento de los costes de infraestructura de la red. Vamos, que les paguen un canon por el uso de las redes ya que son necesarias para su actividad, al margen de lo que ya pague cada usuario. Telefónica quiere cobrar más, tanto a emisores como a receptores de información en internet. Pero debe asumir de verdad su papel como principal operador de telecomunicaciones en España. Hay que confiar en que propuestas desde la Administración ayuden a evitar que acabemos en breve con distintos niveles de acceso a los servicios de internet en función de lo que el cliente pague. Esto no solo supondría el fin de la neutralidad de la red, sino que además sería un golpe en la línea de flotación del viejo objetivo de minimizar hasta hacer desaparecer la brecha digital existente en España.

Este texto es una tribuna publicada por El Mundo Economía y Negocios y puede leerse en pdf aqui

Varios países han decidido aprobar normativas a través de las cuales cada región podrá decidir,  libremente, si corta o no la línea de internet a los usuarios que descarguen contenido protegido por derechos de autor. A partir de ahí, hemos visto cómo los legisladores, presionados por las industrias discográfica y cinematográfica, han incluido modificaciones en sus leyes que afectan el libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de internet.

Desde el momento en que han salido a la luz, nos hemos levantado los empresarios, los bloggers, las asociaciones y los usuarios de internet alarmados ante el posible pero injustificable corte de las líneas y cierre de páginas, todo ello sin contar con autorización judicial. Y no es para menos. Este corte de líneas y cierre de webs no es culpa de los ministros sino de la industrias discográfica y cinematográfica, mal llamadas industria cultural,que a lamparo de artistas y pseudo-creadores saludan una  iniciativa que ha venido orquestada de su mano y que no les será suficiente para salvar un modelo de industria que a todas luces se muestra insostenible y que necesita del amparo de las leyes para  poder mantener su nivel de vida.

En varios países se han redactado anexos en sus leyes que permitirán el bloqueo de las páginas o la retirada de contenidos ilícitos por la vía judicial. Así, se velará y salvaguardará los derechos de propiedad intelectual de la atrasada industria discográfica y cinematográfica, frente a las hordas de usuarios dispuestas a arruinar a los artistas nacionales.

Es cierto que la propiedad intelectual y muy especialmente el software y los contenidos multimedia, cine, televisión y música, han sido los grandes perjudicados del avance y la implantación masiva de internet; pero no es menos cierto que esta situación se ha intentado paliar con golpes bajos a los derechos civiles, a todas luces injustos e ininteligibles, en lugar de buscar una salida consensuada entre todos los actores que  intervenimos en este mundo que está dejando de ser off-line para ser on-line.

Este escenario complejo deja varias incertidumbres para con los internautas y tememos que dentro de poco, con la ley en la mano, los gobiernos, la industria discográfica o cinematográfica, las operadoras o cualquier entidad relacionada con los derechos de propiedad intelectual, podrán controlar, espiar y utilizar estas normativas para extender ilegalmente su control sobre las comunicaciones digitales de los ciudadanos, sin más opción por parte de éstos que acudir una y otra vez a las instituciones judiciales en  busca de amparo. Es ahí donde está el quid de la cuestión: el problema no es la propiedad intelectual, el problema llegará cuando alguien tenga patente de corso para mirar por sistema tus comunicaciones privadas y empresariales a la primera de cambio. Ese caballo de Troya navegará en nuestros ordenadores y hará que nos preocupemospor quién controla al controlador,
y mucho me temo que ya sabemos la respuesta.

Este texto es una tribuna publicada por El Mundo de Venezuela y puede leerse en pdf aqui.

La administración americana ha revolucionado sus cuerpos militares con una nueva fuerza de intervención: los “cibercomandos”. Dependientes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y con un presupuesto de 2.000 millones de dólares en su primer año de operaciones, garantizan la protección de los sistemas militares americanos en Internet y responden a los recientes descubrimientos que aportan la certeza de que, durante años, hackers vinculados a países como China y Rusia han campado a sus anchas en ordenadores de la Nasa  y de diversas organizaciones militares, robando información militar clasificada y datos de satélites, cohetes e incluso de los transbordadores espaciales.

Quizás puede parecernos una necesidad futura para los ejércitos de los  principales estados incorporar cuerpos de élite informática para llevar a cabo acciones de ataque y defensa a través de Internet, pero la realidad es que, para nuestra intranquilidad, algunos países nos llevan mucha delantera. Corría el año 1996 cuando en Beijing se creó el primer ejército de guerra informática que, desde entonces, se encuentra al servicio del Gobierno chino para todo tipo de operaciones. Muchas son operaciones internas, como la censura,  la propaganda o el control de opinión y de la disidencia, pero preparándonos para la ciberguerra.

El control de Internet debe entenderse como el control sobre la información y las telecomunicaciones. Por un lado, está la capacidad de defensa de los sistemas de un país ante un ataque, pero también el control sobre los ciudadanos de un país otras muchas son externas, como el ataque y robo de información clasificada de empresas y gobiernos extranjeros. La República de Estonia sufrió, entre abril y mayo de 2007, la mayor ofensiva cibernética conocida hasta la fecha. Empresas, medios de comunicación, instituciones gubernamentales, comunicaciones y bancos dejaron de funcionar. El resultado fue el total colapso informático del país. Las sospechas sobre la autoría de estos ataques recayeron sobre Rusia.

Un arma demasiado poderosa como para dejar pasar por alto la peligrosidad que podría desprender un mal uso de tanto poder. La ciberguerra, e incluso el ciberterrorismo, abren nuevos e inesperados camposde batallaen la seguridad y sufoco se traslada a Internet. La creciente dependencia de la red para las comunicaciones y las actividades de millones de personas y organizaciones hacen que deba ser un campo protegido y seguro, lejos de los intereses propios de cada país. 

Escenarios cinematográficos y apocalípticos como los narrados en la película “La red” (1995),donde Sandra Bullock descubre una  misteriosa red de espionaje en Internet que le envolverá posteriormente en una peligrosa trama internacional, ya no son tan lejanos y técnicamente imposibles. Gobiernos de todos los países deben prepararse para estos escenarios. Y cuanto antes, mejor.