La piratería llega a la tinta electrónica

Ese texto es una tribuna publicada por el Dossier Empresarial y puede leerse en pdf aquí.

 

El mundo editorial está alarmado. Como ya ocurriera hace tiempo con la música y la industria cinematográfica, la piratería ha llegado al libro y además en un tiempo récord. Durante los seis primeros meses de este año las descargas de libros no autorizadas se han duplicado respecto al último trimestre del año pasado, pasando del 19% del total del mercado a más del 35%. La aparición de nuevos soportes para el libro electrónico, como el e-reader o las tabletas como el iPad de Apple, han sido determinantes para este crecimiento de las descargas ilegales, según afirma el propio sector editorial.

Pero no es únicamente este factor el que ha influido en el aumento de la piratería. Estamos en la era de la comunicación instantánea y global, en donde internet se usa común y habitualmente por casi todos los sectores de la población y en donde la proliferación de las redes sociales, como por ejemplo Twitter o Facebook, ha hecho que la información sea recibida de manera inmediata. El libro en papel tradicional ha quedado obsoleto, sobre todo para las nuevas generaciones acostumbradas a este ritmo frenético de información.

En sólo un año, las descargas Ilegales de libros han pasado del 19% al 35% 

No podemos quedarnos con la visión romántica del libro en papel

Si bien es cierto que las grandes editoriales han ido incorporando una mayor infraestructura para realizar descargas de algunos de sus libros, en estos momento es aún insuficiente, ya que no se han incorporado la gran cantidad de los títulos de los que dispone la editorial y la demanda de los textos es mayor que la propia oferta, con lo que el usuario opta por realizar descargas ilegales. Otro factor determinante es que, por el momento, el precio por libro descargado es demasiado elevado, con lo que el usuario, como ya ocurriera con la música o el cine, acude a sistemas gratuitos gracias a los cuales, aunque de forma ilegal y de calidad dudosa, posibilitan la adquisición de los textos de manera inmediata.

La alarma generada en el sector editorial tiene bastante fundamento, pues lo que inicialmente se esperaba que fuera una nueva fuente de ingresos se está convirtiendo en una fuente de problemas y se estima que las pérdidas podrán rondar los 400 millones de euros durante estos seis meses. La tecnología ha llegado para asentarse, aunque algo más tarde, al mercado del libro, y desde el momento en que se ha abaratado el precio de los dispositivos para libros electrónicos, las descargas ilegales se han disparado.

Las editoriales, lejos de reaccionar al respecto de una forma realista, ajustando los precios o buscando otras fuentes de ingresos aprendiendo de los errores pasados del sector de la música y del cine, han puesto el grito en el cielo y acuden al Ministerio de Cultura para que ponga freno a lo que se les viene encima. El avance de la tecnología ha alcanzado a todos los sectores culturales y, aunque el valor de un libro en papel sea indudable, no nos podemos quedar únicamente en la visión romántica de éste. La respuesta debe tener como objetivo crear nuevas formas de negocio a partir de las descargas, potenciando el lado comercial, sin que pierdan las editoriales, ni los usuarios y tampoco los autores.

Desde luego lo que no se puede negar es que el libro electrónico es cada vez más habitual y es fruto de la evolución lógica de cualquier mercado. Pero esto conlleva un lado menos amable, el de las descargas ilegales, donde se deben adoptar medidas realistas y creativas que puedan acabar con el problema. Y es que la piratería también ha llegado a la tinta electrónica.

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El cese de las descargas, ¿principio del fin de los derechos civiles?

Este texto es una tribuna publicada por El Mundo Economía y Negocios y puede leerse en pdf aqui

Varios países han decidido aprobar normativas a través de las cuales cada región podrá decidir,  libremente, si corta o no la línea de internet a los usuarios que descarguen contenido protegido por derechos de autor. A partir de ahí, hemos visto cómo los legisladores, presionados por las industrias discográfica y cinematográfica, han incluido modificaciones en sus leyes que afectan el libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de internet.

Desde el momento en que han salido a la luz, nos hemos levantado los empresarios, los bloggers, las asociaciones y los usuarios de internet alarmados ante el posible pero injustificable corte de las líneas y cierre de páginas, todo ello sin contar con autorización judicial. Y no es para menos. Este corte de líneas y cierre de webs no es culpa de los ministros sino de la industrias discográfica y cinematográfica, mal llamadas industria cultural,que a lamparo de artistas y pseudo-creadores saludan una  iniciativa que ha venido orquestada de su mano y que no les será suficiente para salvar un modelo de industria que a todas luces se muestra insostenible y que necesita del amparo de las leyes para  poder mantener su nivel de vida.

En varios países se han redactado anexos en sus leyes que permitirán el bloqueo de las páginas o la retirada de contenidos ilícitos por la vía judicial. Así, se velará y salvaguardará los derechos de propiedad intelectual de la atrasada industria discográfica y cinematográfica, frente a las hordas de usuarios dispuestas a arruinar a los artistas nacionales.

Es cierto que la propiedad intelectual y muy especialmente el software y los contenidos multimedia, cine, televisión y música, han sido los grandes perjudicados del avance y la implantación masiva de internet; pero no es menos cierto que esta situación se ha intentado paliar con golpes bajos a los derechos civiles, a todas luces injustos e ininteligibles, en lugar de buscar una salida consensuada entre todos los actores que  intervenimos en este mundo que está dejando de ser off-line para ser on-line.

Este escenario complejo deja varias incertidumbres para con los internautas y tememos que dentro de poco, con la ley en la mano, los gobiernos, la industria discográfica o cinematográfica, las operadoras o cualquier entidad relacionada con los derechos de propiedad intelectual, podrán controlar, espiar y utilizar estas normativas para extender ilegalmente su control sobre las comunicaciones digitales de los ciudadanos, sin más opción por parte de éstos que acudir una y otra vez a las instituciones judiciales en  busca de amparo. Es ahí donde está el quid de la cuestión: el problema no es la propiedad intelectual, el problema llegará cuando alguien tenga patente de corso para mirar por sistema tus comunicaciones privadas y empresariales a la primera de cambio. Ese caballo de Troya navegará en nuestros ordenadores y hará que nos preocupemospor quién controla al controlador,
y mucho me temo que ya sabemos la respuesta.

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